La Tercera, Martes, 03 de Agosto del 2010
La modificación busca aumentar el grado de responsabilidad de las empresas por daños estructurales. Consejo asesor hará cambios a norma antisísmica tras los efectos producidos por el terremoto.
Evitar que las imágenes de edificios colapsados se repitan. Ese es el principal objetivo al cual apunta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que propone introducir una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en la que se solicitará a las empresas constructoras e inmobiliarias ampliar los años de garantía de las viviendas.
La ministra del ramo, Magdalena Matte, indicó que se trata de una modificación que pretende elevar en hasta 15 años el plazo. "Tenemos que aumentar la responsabilidad de las inmobiliarias, porque no puede ser que, en los pocos casos que han ocurrido producto del terremoto, no existan responsables", dijo.
La actual normativa establece que existen plazos para hacer efectivas las responsabilidades en caso de fallas o defectos. Es así como en las viviendas que tengan problemas en las terminaciones, el período de cobertura es de tres años; en caso que sean elementos constructivos es de cinco años, y para aquellas que presentan problemas de estructura el plazo es de 10 años.
Es este último punto el que el ministerio pretende cambiar, y aumentarlo en cinco años. Para ello la ministra primero presentará la propuesta al consejo asesor -que es presidido por la ministra y reúne a diversos diputados, alcaldes, arquitectos, ingenieros y universidades-, para así llegar a un consenso entre todos los actores.
No es la única modificación que se quiere realizar. Desde hace algunos meses el consejo asesor trabaja en una "agenda corta", cuyo objetivo es revisar y actualizar la normativa técnica sobre la calidad de la construcción en el país.
Entre los principales puntos que pretenden modificarse se encuentra introducir cambios "urgentes" a la normativa antisísmica, "porque no queremos que las nuevas construcciones partan sin tener estos cambios", dijo la ministra Matte.
Para ello, se definieron dos puntos centrales. El primero de ellos dice relación con aumentar los requerimientos en las estructuras, lo que llevaría a que los diseños de las edificaciones tengan mayor cantidad de armadura de fierros y espesor en los muros. Pero también se quiere modificar la actual clasificación de tipos de suelos, la que es considerada "muy estrecha" por los expertos e introducirle un nivel intermedio.
Tomás Guendelman, profesor de la U. de Chile y experto del consejo, explicó que la forma para establecer las diferencias entre un suelo de tipo 2 (firme, pero no roca) y 3 (blando) es "poco precisa", lo que puede llevar a que para un mismo suelo dos estudios de mecánica puedan dar resultados diferentes.
En Macul, por ejemplo, donde hay una serie de edificios en altura, sólo algunos resultaron con daños. Guendelman explica que al revisar la mecánica de suelo, "se observa con concordancia que cuando se especificó suelo 3 en el estudio y se hizo el diseño estructural usando esa clasificación, el daño fue muy inferior a aquellos en que la clasificación fue tipo 2".
El diputado Gonzalo Uriarte, miembro del consejo, dijo que "una de las conclusiones es la importancia de la calidad del suelo". En 60 días ambas modificaciones serían parte de la norma.
Vecinos de edificio en Ñuñoa presentarán millonaria demanda
Una demanda civil por $ 600 millones en contra de la inmobiliaria Paz Corp presentarán esta semana los vecinos del edificio Emerald de Ñuñoa, que resultó con serios daños tras el terremoto, llevando a que el municipio lo declarara como "inhabitable".
Cristián Flores, vocero de los afectados, dijo que la inmobiliaria entregó soluciones "insatisfactorias, desequilibradas y arbitrarias" que los perjudicaba y que no les entregaban "el valor de mercado por el cual están tasados los departamentos hoy".
Esta acción se suma a la presentada hace algunas semanas por otros vecinos ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, donde se solicitó una indemnización similar.
Flores, además, no descartó entablar otras acciones legales en contra del presidente de la empresa constructora Paz Corp S.A., Benjamín Paz, los ingenieros calculistas y arquitectos que estuvieron a cargo del proyecto. Pese a ello, existe otro grupo de vecinos que llegaron a acuerdos para que les devolvieran los dineros o les entregaran otro departamento. La empresa, en tanto, declinó referirse al tema.
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