La Tercera, 01-07-2010
Con 14 votos en contra, los consejeros se opusieron a la iniciativa de ampliar la ciudad. Advierten que la falta de suelo urbano incrementaría la especulación de los precios.
No fue una sesión fácil. Casi cuatro horas de discusión, pobladores protestando y con carteles al interior de la sala, y hasta la repetición de la votación, fue parte de la reunión del Consejo Regional (Core) que ayer rechazó, por 14 votos en contra y 12 a favor, las modificaciones al Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). La iniciativa pretendía incorporar casi 10 mil hectáreas de uso urbano y establecer exigencias a los proyectos habitacionales en cuanto a áreas verdes y viviendas sociales.
El instrumento, cuya modificación se inició en 2007, planteaba que los proyectos inmobiliarios en el área de expansión debían garantizar un mínimo de 10% de áreas verdes, destinar al menos un 8% para el desarrollo de vivienda y financiar la vialidad de los proyectos. Todo ello en miras de 2030, cuando el Gran Santiago crezca en 1.6 millón de habitantes.
Pero para los consejeros de la Concertación eso no fue suficiente, y con el apoyo de los pobladores que estaban en la sala, argumentaron que el plan carecía de participación ciudadana, privilegiaba a los grandes propietarios de terrenos y no explicaba, entre otras cosas, por qué se suprimieron 1.168 hectáreas de áreas verdes que estaban presentes en la propuesta inicial, entre otras objeciones.
Durante la discusión, en más de seis ocasiones el intendente Fernando Echeverría pidió al público "orden", hasta que se votó: el primer resultado dio 12 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Pero luego de percatarse que no había mayoría absoluta, se tuvo que repetir. El resultado final, dio 14 en contra y 12 a favor.
El intendente dijo que fue una decisión "irresponsable", argumentando que "los postergados son los más pobres". Agregó que quienes "tienen terrenos vacíos dentro del área urbana les subirá el valor del suelo". La seremi de Vivienda, Marisol Rojas, afirmó: "nos quedamos sin una propuesta para sustentar el crecimiento de la ciudad", y añadió que en sólo dos años se podría volver a presentar un proyecto, pues ahora la "prioridad" es la reconstrucción del país.
El profesor de la UC, Luis Eduardo Bresciani, dijo que la falta de suelo urbano incrementará la especulación. "Esto no sólo podría elevar los precios en la periferia, sino que podría reducir la oferta de terrenos aún disponibles por efectos especulativos", señaló.
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jueves, 12 de agosto de 2010
martes, 10 de agosto de 2010
Cámara aprueba en general proyecto que crea un registro nacional de corredores de propiedades
http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=38660
Con 93 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, la Sala aprobó la idea de legislar sobre una moción de diversos diputados que busca regular la actividad del corretaje de propiedades estableciendo un registro nacional y requisitos mínimos que garanticen un correcto desempeño de la misma.
Hasta el año 1977, el ejercicio del corretaje de propiedades se encontraba regulado por la ley N° 7.747, que contemplaba la inscripción obligatoria en un Registro Nacional, tal como hoy ocurre con los corredores de seguros y corredores de las bolsas de comercio. Sin embargo, en octubre de 1977, a través del decreto ley N° 953, y luego la ley N° 18.796, de mayo de 1986, se derogó dicho registro y con ello desaparecieron todas las normas que regulaban dicha actividad, pasando esta a ser ejercida por cualquier persona sin limitaciones ni exigencias previas.
Ante ello, un grupo de diputados de diversas bancadas presentó en diciembre del 2008 este proyecto (boletín 6228) para reglar el corretaje de propiedades, argumentando que el libre acceso a esta actividad ha multiplicado el número de personas que la desempeñan sin contar con los estándares de capacitación e idoneidad que el público espera en ese tipo de intermediación, mientras otras se valen de ella como pantalla para incurrir en prácticas abusivas u ocultar negocios ilícitos.
Precisan los autores que, al contrario de lo que ocurre en Chile, países europeos como Francia, Italia, Alemania, España e Inglaterra, además de varios Estados de Norteamérica y algunos países de Sudamérica, como Argentina, Brasil y Uruguay, han regulado la actividad estableciendo niveles mínimos de formación profesional, decálogos de buen comportamiento y controles éticos, además de otros requisitos que constituyen condiciones indispensables para mantener la transparencia del mercado y el buen desempeño profesional de los agentes intermediarios.
Hacen hincapié que nuestro país debe caminar en la misma dirección porque el desarrollo experimentado por las transacciones inmobiliarias y la complejidad y especialización de las mismas exige altos niveles de probidad y capacitación profesional, en resguardo de la fe pública. Por ello, proponen un marco normativo que gradualmente permita una mayor profesionalización de quienes se dedican al corretaje inmobiliario.
La iniciativa legal propone la creación de un Registro Nacional a cargo de la persona jurídica que se lo adjudique, en el que deberán inscribirse las personas que deseen ejercer la actividad de corredores de propiedades, a quienes se les exigirá acreditar ciertos requisitos básicos. Con el propósito de estimular la especialización profesional de quienes ejercen el corretaje se exige la acreditación de conocimientos suficientes en la materia, junto a otros requisitos de inscripción en el Registro.
Por mayoría de votos, la Comisión de Economía aprobó la idea de legislar sobre la moción pero luego rechazó sus cinco artículos.
En la discusión en Sala algunos diputados plantearon que el proyecto adolece de defectos de constitucionalidad al restringir el acceso a una actividad económica, mientras plantearon la inconveniencia de introducir regulaciones que pueden traducirse en mayores costos para los usuarios y una reducción de la competencia en este mercado.
Con 93 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, la Sala aprobó la idea de legislar sobre una moción de diversos diputados que busca regular la actividad del corretaje de propiedades estableciendo un registro nacional y requisitos mínimos que garanticen un correcto desempeño de la misma.
Hasta el año 1977, el ejercicio del corretaje de propiedades se encontraba regulado por la ley N° 7.747, que contemplaba la inscripción obligatoria en un Registro Nacional, tal como hoy ocurre con los corredores de seguros y corredores de las bolsas de comercio. Sin embargo, en octubre de 1977, a través del decreto ley N° 953, y luego la ley N° 18.796, de mayo de 1986, se derogó dicho registro y con ello desaparecieron todas las normas que regulaban dicha actividad, pasando esta a ser ejercida por cualquier persona sin limitaciones ni exigencias previas.
Ante ello, un grupo de diputados de diversas bancadas presentó en diciembre del 2008 este proyecto (boletín 6228) para reglar el corretaje de propiedades, argumentando que el libre acceso a esta actividad ha multiplicado el número de personas que la desempeñan sin contar con los estándares de capacitación e idoneidad que el público espera en ese tipo de intermediación, mientras otras se valen de ella como pantalla para incurrir en prácticas abusivas u ocultar negocios ilícitos.
Precisan los autores que, al contrario de lo que ocurre en Chile, países europeos como Francia, Italia, Alemania, España e Inglaterra, además de varios Estados de Norteamérica y algunos países de Sudamérica, como Argentina, Brasil y Uruguay, han regulado la actividad estableciendo niveles mínimos de formación profesional, decálogos de buen comportamiento y controles éticos, además de otros requisitos que constituyen condiciones indispensables para mantener la transparencia del mercado y el buen desempeño profesional de los agentes intermediarios.
Hacen hincapié que nuestro país debe caminar en la misma dirección porque el desarrollo experimentado por las transacciones inmobiliarias y la complejidad y especialización de las mismas exige altos niveles de probidad y capacitación profesional, en resguardo de la fe pública. Por ello, proponen un marco normativo que gradualmente permita una mayor profesionalización de quienes se dedican al corretaje inmobiliario.
La iniciativa legal propone la creación de un Registro Nacional a cargo de la persona jurídica que se lo adjudique, en el que deberán inscribirse las personas que deseen ejercer la actividad de corredores de propiedades, a quienes se les exigirá acreditar ciertos requisitos básicos. Con el propósito de estimular la especialización profesional de quienes ejercen el corretaje se exige la acreditación de conocimientos suficientes en la materia, junto a otros requisitos de inscripción en el Registro.
Por mayoría de votos, la Comisión de Economía aprobó la idea de legislar sobre la moción pero luego rechazó sus cinco artículos.
En la discusión en Sala algunos diputados plantearon que el proyecto adolece de defectos de constitucionalidad al restringir el acceso a una actividad económica, mientras plantearon la inconveniencia de introducir regulaciones que pueden traducirse en mayores costos para los usuarios y una reducción de la competencia en este mercado.
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